El Congreso de Ecuador decidió continuar el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos.

De 116 legisladores, 88 votaron a favor, 23 en contra y 5 se abstuvieron. Tras la votación, el órgano legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de cinco días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se definirá la suerte del mandatario.

Con esa votación, el pleno de la Asamblea resolvió “enjuiciar políticamente al Presidente de la República” por la “infracción constitucional de peculado”, admitida a trámite por la Corte Constitucional”.

Si el juicio avanza sin contratiempos, la votación para la censura y destitución de Lasso se produciría entre el 20 y 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas.

En cualquier momento del proceso Lasso puede disponer por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto con el control de la Corte Constitucional hasta por seis meses, al tiempo de convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

¿Por qué se pretende enjuiciar al presidente Lasso?

De acuerdo con la acusación descrita en la resolución legislativa, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.

Asimismo, asegura que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama de corrupción.