La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este miércoles la constitucionalidad de una ley del estado de Tennessee que prohíbe el acceso a tratamientos médicos de afirmación de género para menores de edad diagnosticados con disforia de género. Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal rechazó los argumentos de impugnación presentados por el gobierno federal, tres familias afectadas y un médico, concluyendo que la norma no viola la cláusula de igualdad ante la ley establecida en la Decimocuarta Enmienda.

La decisión judicial representa un momento clave en el debate nacional sobre el acceso a tratamientos médicos para jóvenes transgénero, y da respaldo legal a restricciones similares ya vigentes en al menos 25 estados del país.

Alcances de la ley y postura del tribunal

Conocida como SB1, la ley de Tennessee prohíbe a profesionales de la salud administrar bloqueadores de la pubertad o terapias hormonales a menores de 18 años cuando su propósito sea modificar su identidad de género en contradicción con su sexo asignado al nacer. El estado sostiene que busca proteger a los menores de los riesgos médicos y psicológicos asociados a este tipo de intervenciones, las cuales considera no suficientemente comprobadas.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, indicó en el fallo que la función del tribunal no es evaluar la conveniencia o el contenido de la ley, sino determinar si se ajusta al marco constitucional. Según la mayoría conservadora del tribunal, la medida de Tennessee cumple con el estándar legal más deferente —la revisión de base racional— y, por lo tanto, es válida.

Discrepancia en el fallo

Las tres juezas liberales del tribunal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— se manifestaron en contra de la decisión. Sotomayor, quien leyó su opinión disidente desde el estrado, cuestionó que la ley discrimina a jóvenes transgénero al impedirles acceder a tratamientos médicos que sí están disponibles para otros menores en distintas condiciones clínicas.

La disidencia argumentó que el caso merecía un escrutinio judicial más riguroso, debido a que la ley establece diferencias basadas en el sexo y la identidad de género. El gobierno del presidente Joe Biden también había pedido aplicar un nivel de revisión más estricto al considerar que la legislación afectaba derechos fundamentales.

Contexto legal y político

El caso, Estados Unidos vs. Skrmetti, es el primero en el que la Corte Suprema se pronuncia sobre una ley estatal relacionada con tratamientos médicos para personas trans menores de edad. Antes de esta decisión, un tribunal federal de distrito había bloqueado temporalmente la aplicación de la ley por considerarla discriminatoria. Sin embargo, esa medida fue revocada por la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, lo que permitió que la prohibición entrara en vigor en 2023.

El tema se inscribe en un contexto más amplio de debate político y social en Estados Unidos sobre derechos trans. En paralelo a las restricciones médicas, varios estados han adoptado leyes que limitan la participación de personas transgénero en deportes escolares o modifican la enseñanza sobre identidad de género en escuelas públicas.

Además, desde la administración del presidente Donald Trump, se han emitido órdenes ejecutivas que reconocen solo dos sexos biológicos y amenazan con cortar el financiamiento federal a centros médicos que ofrezcan tratamientos de afirmación de género a menores. Estas disposiciones están siendo actualmente impugnadas en tribunales federales.

La ratificación de la ley de Tennessee por parte del máximo tribunal estadounidense podría sentar un precedente que influya en futuros litigios similares en otros estados. Mientras tanto, la administración Biden y organizaciones defensoras de los derechos LGBT+ han manifestado su intención de seguir oponiéndose a estas restricciones por la vía judicial.

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