Una crisis política y social se desató en Colombia cuando manifestantes afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro sitiaron el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. La razón detrás de esta acción fue la falta de elección de la nueva fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia. La tensión escaló a tal punto que el presidente Petro tuvo que ordenar la intervención de la Policía para restablecer el orden y evacuar a los magistrados y funcionarios del edificio.

Reacciones políticas: condena y acusaciones

La toma del Palacio de Justicia generó diversas reacciones políticas en Colombia. El expresidente César Gaviria culpó directamente a Gustavo Petro de los disturbios, calificando sus acciones como ilegales e inconstitucionales. Gaviria afirmó que Petro estaba violando la Constitución y actuando de manera ‘criminal’, y que sus acciones iban más allá de un comportamiento dictatorial.

Expresidentes como Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe expresaron su preocupación por la situación. Duque hizo un llamado a garantizar la seguridad e independencia de la Corte Suprema, mientras que Pastrana comparó la situación con la toma del Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19 en 1985. Uribe solicitó el uso de la fuerza del Estado para garantizar la seguridad y libertad de los magistrados.

Por otro lado, el Partido Conservador de Colombia condenó el bloqueo del Palacio de Justicia por parte de manifestantes y destacó la importancia de la separación de poderes y el respeto a la justicia como principios democráticos fundamentales. Subrayaron la necesidad de no confundir el derecho a la protesta pacífica con actos violentos.

Silencio de Petro y comparaciones con eventos internacionales

El silencio del presidente Petro frente al asedio del Palacio de Justicia fue objeto de críticas, comparándolo con la actitud del expresidente estadounidense Donald Trump durante el asedio al Capitolio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, instó al presidente a detener la hostilidad contra la justicia y exigir respeto para las instituciones.

La procuradora colombiana, Margarita Cabello Blanco, expresó una ‘preocupación muy grande’ por los eventos y exigió a la fuerza pública y a la Policía actuar con suficiente fuerza para garantizar la seguridad de los magistrados y la institucionalidad del país. Su llamado subraya la gravedad de la situación y la necesidad de proteger la integridad de las instituciones.

La toma de la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha llevado al país a un momento crucial, con tensiones políticas y sociales que amenazan la estabilidad institucional. Asimismo, las diversas reacciones y condenas, así como la exigencia de respeto a la democracia y las instituciones, ponen de manifiesto la gravedad del asedio y la necesidad urgente de encontrar soluciones para restablecer la calma y la normalidad en el país.

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