Los abogados de Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, solicitaron a un tribunal federal que se impida al Gobierno de Estados Unidos buscar la pena de muerte, al considerar que la decisión estuvo influida por un conflicto de intereses de la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

En una presentación judicial ingresada el viernes por la noche, la defensa argumentó que Bondi vulneró el derecho al debido proceso, al intervenir en un caso relacionado con UnitedHealth Group, empresa vinculada indirectamente a su anterior trabajo como cabildera en la firma Ballard Partners. De acuerdo con los abogados, la secretaria debía haberse recusado por completo de cualquier decisión relacionada con el proceso penal.

Bondi fue socia de Ballard Partners antes de asumir el cargo en febrero y, según la defensa, mantiene beneficios financieros indirectos derivados de esa relación, incluidos acuerdos de reparto de ganancias y un plan de contribuciones administrado por la firma. Para los abogados, esta situación constituye un “conflicto profundo” incompatible con la imparcialidad exigida a la máxima autoridad del Departamento de Justicia.

El escrito sostiene que Bondi incumplió el compromiso ético asumido al llegar al cargo, cuando prometió abstenerse durante un año de intervenir en asuntos vinculados con antiguos clientes de Ballard. A pesar de ello, en abril, ordenó a fiscales federales de Manhattan solicitar la pena capital, incluso antes de que Mangione fuera formalmente acusado, calificando públicamente el crimen como un asesinato “premeditado y a sangre fría”.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan, cuando se dirigía a un hotel para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Imágenes de seguridad mostraron a un agresor disparándole por la espalda. Posteriormente, la policía informó que en los casquillos se hallaron palabras como “retrasar”, “negar” y “deponer”, una alusión a prácticas atribuidas a aseguradoras de salud.

Mangione, de 27 años, fue detenido cinco días después en Altoona, Pensilvania, y enfrenta cargos federales y estatales. Se ha declarado no culpable. Mientras que el proceso estatal contempla la posibilidad de cadena perpetua, el caso federal abre la puerta a la pena de muerte, una decisión que ahora está en disputa. Hasta el momento, no hay fecha de juicio.

La defensa también cuestionó el impacto de las declaraciones públicas de Bondi en el proceso del gran jurado y denunció una “escenificación” durante el traslado del acusado bajo custodia armada en Nueva York. A su juicio, estas acciones, sumadas al presunto incumplimiento de protocolos federales para casos de pena capital, habrían afectado de forma irreversible la validez del proceso.

Por su parte, fiscales federales han sostenido ante el tribunal que la publicidad previa al juicio, aun cuando sea intensa, no constituye por sí sola una violación constitucional. En su argumentación, señalaron que las inquietudes de la defensa pueden abordarse mediante una adecuada selección del jurado y el respeto de las garantías procesales durante el juicio.

La audiencia sobre estas solicitudes está programada para el 9 de enero, mientras el tribunal evalúa si procede limitar la actuación del Gobierno federal o permitir que continúe la búsqueda de la pena máxima autorizada por el Congreso.

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