San Salvador.- La organización defensora de derechos humanos en El Salvador, Cristosal, ha presentado un informe titulado «La excepción se volvió la norma. Una mirada a las reformas penales y su impacto en las garantías ciudadanas«. En este exponen su preocupación por las reformas penales que consideran anticuadas y contrarias a estándares internacionales. Estas modificaciones, según Cristosal, han generado retrocesos en el sistema jurídico salvadoreño.

En dicho informe, Cristosal señala que las reformas penales en El Salvador han revertido los avances logrados en la década de los noventa, y que ahora las normativas impulsadas por el populismo punitivo están en contra de los derechos ciudadanos. Estas reformas buscan ser justificadas como medidas excepcionales, pero luego se vuelven permanentes, normalizándose de manera cuestionable.

La organización analizó 30 decretos legislativos que han modificado leyes en materia penal, muchos de ellos en el contexto del régimen, y han tenido consecuencias preocupantes para la sociedad. Entre los aspectos que señalan como alarmantes se encuentran la ampliación del período de detención provisional, las audiencias masivas y la creación de tribunales con jueces sin rostro. Estos cambios han generado una violación a derechos constitucionales fundamentales, como la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la morada y el derecho a la detención legal, entre otros.

Además, Cristosal destaca otro aspecto preocupante: la manera en que el sistema penal trata a los menores. Ahora se les aplica como medida cautelar la detención provisional, que antes solo se aplicaba a los adultos. Este enfoque punitivo hacia los menores es considerado por la organización como un retroceso en los avances logrados en la protección de sus derechos.

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