La Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha alzado su voz para denunciar las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado en El Salvador, alegando una escalada de represión y militarización promovida por el presidente Nayib Bukele y su gobierno.

La AAJ sostiene que estas medidas, aplicadas a quienes están bajo el régimen de excepción instaurado desde el 27 de marzo de 2022, socavan garantías constitucionales fundamentales y vulneran principios como el debido proceso y la independencia judicial, así como tratados internacionales suscritos por el país.

La AAJ ha expresado su preocupación por el procesamiento colectivo de las personas detenidas bajo el régimen de excepción, donde se pretende agrupar a 71,000 individuos en grupos de 900 para someterlos a juicios ante tribunales de crimen organizado.

Esto podría resultar en detenciones arbitrarias y juicios masivos que podrían afectar a personas inocentes sin evidencia sólida de su implicación en actividades delictivas.

Además, la reforma elimina el plazo máximo de 24 meses para los procesos judiciales y otorga a la Policía Nacional Civil un mayor poder de dirección en las investigaciones, cuando su rol debería ser colaborativo con la Fiscalía.

Denuncian represión y violaciones a derechos en El Salvador

Estas medidas no solo atentan contra el debido proceso, sino que también afectan la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

La AAJ también ha condenado los asesinatos ocurridos bajo el régimen de excepción en la cárcel, que involucraron a más de 200 personas.

Y ha expresado preocupación por el despliegue de las Fuerzas Armadas para actividades de «seguridad territorial» y la militarización de zonas y comunidades organizadas.

Lo que parece buscar aterrorizar a la población y silenciar las voces que se oponen a la minería y la injusticia social.

Además de estas denuncias, la AAJ ha exigido la libertad inmediata de líderes comunitarios y ambientalistas encarcelados desde diciembre de 2022 por defender el medio ambiente y oponerse a la minería.

Por su parte, el Colegio Médico de El Salvador ha pedido un diálogo con el presidente Nayib Bukele para abordar asuntos relacionados con la atención médica, incluyendo la falta de personal, medicamentos e insumos en los servicios de salud del país.

Han señalado que el presidente ha descalificado las declaraciones del gremio médico y han denunciado agresiones por parte de las autoridades de Salud en julio pasado.

Estas denuncias reflejan una creciente preocupación por la situación de los derechos humanos y la democracia en El Salvador.

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