La Amazonía Legal, hogar de más de la mitad de la población brasileña, enfrenta un preocupante desafío: la presencia masiva de organizaciones criminales.

Según el reciente estudio «Cartografía de la violencia en la Amazonía» del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), más del 57,9% de los habitantes de la región viven en municipios con una marcada influencia de facciones delictivas, planteando un grave problema para la seguridad pública en Brasil.

Las cifras reveladas en el informe, con datos actualizados hasta octubre de 2022, muestran que 178 de los 772 municipios de la Amazonía Legal enfrentan la presencia de facciones, y en 80 de ellos se libran guerras territoriales.

Este escenario ha llevado a una tasa de muertes violentas intencionadas de 33,8 por cada 100.000 habitantes, un 45% superior al promedio nacional.

El narcotráfico, representado por facciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), se ha arraigado en los nueve estados de la región, siendo las ciudades fronterizas epicentro de disputas.

La incautación de cocaína ha aumentado alarmantemente, registrando un incremento del 194% entre 2019 y 2022, con 20 toneladas requisadas en el último año.

La situación se agrava al vincularse el crimen organizado con actividades ambientales ilegales, dificultando la conservación de la selva amazónica y poniendo en riesgo a las comunidades indígenas.

Las muertes de indígenas en la región superan en un 26% las registradas en el resto del país, y los delitos relacionados con la deforestación, el comercio ilícito de madera y los incendios han experimentado aumentos significativos.

Renato Sérgio de Lima, director del FBSP, destaca la necesidad de una mayor coordinación y responsabilización de los criminales para abordar este problema.

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