Lima, Perú.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró su acusación contra su predecesor, Pedro Castillo, de ser responsable de las más de 60 muertes que dejaron las protestas que se registraron en el país entre diciembre y marzo pasados.

“Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quién beneficiaban? ¿A este gobierno de una mujer andina, provinciana, o a Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país?”, cuestionó Boluarte durante un acto oficial en Manchay, Lima.

“Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en la Diroes, el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos que lamentamos tremendamente”, remarcó.

Además, Boluarte aseveró que su Ejecutivo no va a “caer en esa provocación ni en ese juego” y dijo que su gestión sigue “firme, defendiendo la democracia y la institucionalidad” del país.

“No nos vamos a detener con aquellas provocaciones que ya sabemos que les manda Pedro Castillo y vienen pagados, algunas personas, con dinero ilegal y no son de acá», señaló.

«Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando”, añadió.

Asimismo, en varias ocasiones, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, junto con otros miembros de su gobierno, han alegado sin pruebas que las más de 60 víctimas mortales en las protestas del país, ocurridas entre diciembre y marzo pasados, las causaron armas de fabricación casera o armas de fuego y munición traídas desde Bolivia.

Consecuencias de las protestas en Perú

Las protestas antigubernamentales, que estallaron en diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Castillo, dejaron un saldo de mil 300 heridos y 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron en enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

Por su parte, en su informe más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la violencia policial que tuvo lugar durante las protestas y afirmó que ha encontrado pruebas de ejecuciones extrajudiciales.

Además, la CIDH recomendó que la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad en Ayacucho, en el sur de Perú, sea investigada con un enfoque étnico-racial, y que la situación podría ser considerada como una masacre.

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