La presidenta de Perú, Dina Boluarte, esta siendo interrogada por las autoridades este lunes por el presunto delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales, luego de haberse sometido a una cirugía de nariz en julio del 2023 sin informar previamente al gabinete ministerial y al Congreso.

La diligencia se lleva a cabo en reserva desde tempranas horas de la mañana en la sede central de la fiscalía en Lima y se espera que se prolongue por varias horas.

Esta es la primera vez que Boluarte se presenta ante las autoridades por este caso, que podría resultar en un potencial pedido de destitución desde el Congreso. La investigación se abrió el pasado 5 de diciembre luego de que el ex jefe de gabinete, Alberto Otárola, revelara ante una comisión parlamentaria que la presidenta se había sometido a la cirugía sin cumplir con los protocolos legales.

🔎 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, comunica que a pedido de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se reprogramó su declaración indagatoria para el 13 de enero de 2025. pic.twitter.com/PPZw6Sh45S

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 31, 2024

La fiscalía deberá determinar si Boluarte, de 62 años y abogada de profesión, incurrió en el delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales por no informar sobre su impedimento temporal para ejercer como presidenta del país durante el periodo de su intervención quirúrgica.

La presidenta confirmó públicamente que la cirugía de nariz no fue estética, sino necesaria para su salud respiratoria, y que no le generó ninguna incapacidad para desempeñar sus funciones como mandataria. Sin embargo, la operación se convirtió en tema de discusión en redes sociales y medios locales, lo que llevó al gobierno a denunciar intentos de desestabilización desde el Congreso.

A pesar de la presión política y la baja aprobación en los sondeos, Boluarte ha descartado renunciar a su cargo y ha afirmado que cumplirá su mandato hasta julio de 2026.

Ahora, las autoridades deberán determinar si la presidenta cometió alguna irregularidad al no informar sobre su cirugía de nariz y si esto constituye un delito de abandono de cargo.

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