En un significativo golpe político para el gobierno del presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La votación, que se saldó con un abrumador 172 a 73, demostró una amplia mayoría en contra de la decisión del Ejecutivo, llevando la discusión al Senado para su definición final.

El resultado es un claro indicio de la dificultad que enfrenta el gobierno para alinear a la oposición e incluso a algunos de sus aliados en temas de alta sensibilidad social. El rechazo del veto se consiguió con un respaldo que superó ampliamente los dos tercios de los votos necesarios.

Un voto que ignora los “gestos” del Gobierno

La jornada legislativa estuvo marcada por la tensión y las negociaciones de último minuto. Temprano por la mañana, mientras el debate en Diputados comenzaba, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno estaba «analizando» un posible aumento en las prestaciones para las personas con discapacidad.

Este anuncio fue interpretado como un «gesto» estratégico del Ejecutivo, buscando disuadir a los diputados de su propia coalición de votar en contra del veto. Sin embargo, la estrategia no funcionó, lo que subraya la fuerte presión que ejercieron las movilizaciones y el clamor social del colectivo de personas con discapacidad en las últimas semanas.

¿Qué dice la Ley de Emergencia?

La normativa, ahora en manos del Senado, busca dar una respuesta concreta a las demandas de un sector que ha denunciado una situación crítica. Entre sus puntos más importantes, la ley contempla:

1. Regularización y actualización de pagos: Garantiza que los pagos a los prestadores de servicios para personas con discapacidad se hagan de manera regular y que los aranceles se actualicen para no perder valor frente a la inflación.
2. Fortalecimiento institucional: Busca robustecer la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo clave para la implementación de políticas públicas en este ámbito.
3. Sostenibilidad financiera: Asegura el financiamiento de las pensiones no contributivas por discapacidad, un pilar fundamental para la economía de miles de familias.
4. Empleo protegido: Abre la puerta a nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido, facilitando la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
5. Diálogo institucional: Establece canales de comunicación permanentes entre el gobierno y las asociaciones vinculadas a la discapacidad, creando un espacio de escucha y colaboración.