El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha propuesto la incorporación de fuerzas especiales extranjeras de países aliados para apoyar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el narcoterrorismo. Esta medida, considerada temporal, busca fortalecer la seguridad nacional y combatir el crimen organizado transnacional.

Para lograr este objetivo, se ha solicitado al Ministerio de Exteriores que coordine esfuerzos y establezca acuerdos de cooperación, siempre dentro del marco constitucional ecuatoriano. El gobierno ha subrayado la necesidad de actuar conjuntamente contra redes internacionales delictivas para enfrentar efectivamente al enemigo común.

"Las mafias y el narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar juntos para combatirlos de forma más efectiva", mencionó el mandatario en un comunicado.

Esta iniciativa se presenta en un contexto de creciente militarización y tras decretarse el estado de excepción en varias provincias debido a la grave conmoción interna provocada por grupos armados. La militarización ha sido objeto de debate, especialmente tras el controvertido caso de desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil, que ha derivado en prisión preventiva para 16 militares.

A principios de Enero Noboa decretó estado de excepción en siete provincias, dos cantones y en el distrito metropolitano de Quito debido a la grave conmoción interna que se vivía debido a la actividad de los grupos armados.

Hace un año, también mencionó que el conflicto armado interno había aumentado en el país y desde entonces solo se ha renovado la medida en la que se tiene una presencia constante de las Fuerzas Armadas en la calles.

El Gobierno también ha instado a la Asamblea Nacional a considerar una reforma constitucional que elimine la prohibición de bases militares extranjeras en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha demandado una investigación exhaustiva sobre el caso de los menores desaparecidos, subrayando la importancia de juzgar a los responsables.

La discusión en torno a estas medidas continuará, observándose con atención su impacto en la seguridad y derechos humanos en Ecuador.

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