En Ecuador, tras una serie de incidentes violentos y fugas de líderes criminales en las cárceles, el presidente Daniel Noboa declaró los «centros de privación de libertad como zonas de seguridad», con el objetivo de mantener el control de las fuerzas armadas en estos recintos.

La medida, que se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido por la presidencia hacia la medianoche del domingo, permite que el ejército continúe a cargo del control de las cárceles, una responsabilidad que asumieron en enero de este año luego de que se decretara el estado de excepción debido a la fuga de un líder criminal que aún no ha sido recapturado.

El estado de excepción, que concluyó al cumplirse los 90 días permitidos por la ley, desencadenó una ola de violencia protagonizada por grupos narcotraficantes tildados de «terroristas» y «beligerantes», resultando en la muerte de una veintena de personas tanto en las calles como en las cárceles del país.

Ecuador, ubicado estratégicamente entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína a nivel mundial, se ha convertido en un punto clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, generando un escenario de violencia y enfrentamientos entre grupos criminales en las cárceles.

Durante el primer trimestre de 2024, las autoridades ecuatorianas lograron incautar cerca de 73 toneladas de drogas, principalmente cocaína, lo que evidencia la magnitud del problema del narcotráfico en el país.

Ante esta situación, el presidente Noboa convocó un referendo para el 21 de abril con el objetivo de fortalecer las leyes para combatir el crimen organizado, proponiendo medidas como la extradición de ecuatorianos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, así como el aumento de penas para estos delitos.