El gobierno de Estados Unidos anunció la reclasificación de la marihuana medicinal como una droga de menor riesgo, una medida que busca facilitar la investigación científica y ampliar su uso con fines terapéuticos, aunque el consumo recreativo seguirá siendo ilegal a nivel federal.

El fiscal general interino, Todd Blanche, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aplicó la reclasificación inmediata de la marihuana autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, así como de aquella regulada a nivel estatal.

Con este cambio, el cannabis pasa de la categoría I a la categoría III dentro del sistema federal de control de sustancias. La primera está reservada para drogas sin uso médico reconocido y con alto potencial de abuso, como la heroína, mientras que la categoría III incluye sustancias con uso médico aceptado y menor nivel de riesgo, como la ketamina.

De acuerdo con lo expresado por Blanche, la medida responde a una directriz impulsada por el presidente Donald Trump, quien previamente firmó una orden ejecutiva para reducir las restricciones sobre el cannabis medicinal. El funcionario señaló, en términos generales, que la decisión busca mejorar la atención médica y respaldar investigaciones más rigurosas sobre la seguridad y eficacia de esta sustancia.

El Departamento de Justicia también adelantó la posibilidad de realizar una audiencia acelerada en junio para evaluar una reclasificación más amplia del cannabis, lo que podría modificar aún más su estatus legal a nivel federal.

Actualmente, el consumo recreativo de marihuana es legal en 24 estados y en Washington D. C., aunque continúa prohibido bajo la legislación federal. Este contraste refleja un marco regulatorio fragmentado entre distintos niveles de gobierno.

La política forma parte de un enfoque más amplio de la administración estadounidense, en el que también participa el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., orientado a ampliar el acceso a sustancias controladas para investigación médica, especialmente en el tratamiento de cáncer y trastornos de salud mental.

En esta línea, el gobierno ha promovido además el estudio de compuestos psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína. La estrategia contempla una inversión aproximada de 50 millones de dólares en programas estatales que exploren el uso de estas sustancias en pacientes con enfermedades mentales graves.

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