El gobierno de Estados Unidos ha decidido ampliar las restricciones de visado a individuos involucrados en la explotación laboral de trabajadores cubanos en el extranjero, enfocándose especialmente en las misiones médicas.

Esta medida afecta tanto a trabajadores del ejecutivo cubano como a funcionarios de gobiernos extranjeros que se benefician de estas prácticas. Asimismo, la restricción se extiende a los familiares directos de los implicados.

La decisión del Departamento de Estado se basa en la constatación de que Cuba sigue beneficiándose del trabajo forzoso de sus ciudadanos destinados a misiones médicas en el exterior, las cuales son vistas como una fuente de enriquecimiento para el régimen cubano. Este programa, considerado 'legítimo' por el gobierno cubano, ha sido históricamente una de las principales fuentes de divisas para la isla, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

Organizaciones internacionales, como la ONG Human Rights Foundation, han denunciado la trata de personas en estas misiones, afirmando que el régimen cubano utiliza prácticas coercitivas para controlar a sus trabajadores. Desde 1963, más de 400,000 profesionales de la salud cubanos han trabajado en 164 países, generando entre seis y ocho mil millones de dólares anuales para el gobierno cubano, según el informe del TIP 2021.

El informe de HRF expone los mecanismos de explotación, incluyendo amenazas de separación familiar y robo de salarios. Estas prácticas han sido utilizadas para mantener el control sobre los trabajadores, quienes son enviados al extranjero bajo la premisa de 'misioneros de la Revolución Cubana'.

La política de visado ampliada ha afectado ya a varios individuos, incluidos venezolanos, bajo este marco restrictivo. La administración de Trum reafirma su compromiso de combatir el trabajo forzoso a nivel mundial, responsabilizando no solo a los funcionarios cubanos, sino también a aquellos que facilitan o se benefician de estas prácticas.

Por otro lado, el régimen cubano defiende sus programas de colaboración médica como legítimos y acusa a Estados Unidos de intentar obstaculizarlos por motivos políticos.

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