En una decisión que ha generado amplia controversia, el gobierno británico ha logrado la aprobación de su proyecto de ley para deportar migrantes regulares a Ruanda, tras intensas negociaciones en el Parlamento. El primer ministro, Rishi Sunak, y su partido conservador han liderado la iniciativa, instando a los jueces a considerar a Ruanda como un país seguro para los migrantes expulsados, en un esfuerzo por disminuir el número de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia.

Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, el primer ministro anunció de manera tajante que su plan se aplicará “pase lo que pase”. “Despegarán, pase lo que pase”, afirmó Sunak en una conferencia de prensa, reafirmando su compromiso con la lucha contra la inmigración irregular.

El Gobierno Británico frente a la oposición y las críticas

El plan, lanzado en mayo de 2022 por el anterior gobierno de Boris Johnson, ha enfrentado una fuerte oposición en la Cámara de los Lores, desencadenando un intenso debate conocido como “ping pong” parlamentario entre ambas cámaras legislativas. A pesar de que los lores solicitaron enmiendas al proyecto, siendo particularmente críticos con la consideración de Ruanda como un país seguro, finalmente cedieron y no presentaron más modificaciones, allanando así el camino para la aprobación definitiva de la ley.

Se estima que los vuelos de deportación a Ruanda comenzarán en las próximas semanas, con un presupuesto de 540 millones de libras destinado a deportar a los primeros 300 migrantes. No obstante, el proyecto aún podría enfrentar nuevos desafíos legales, con críticas provenientes de la oposición laborista, organizaciones de ayuda a inmigrantes, la Iglesia anglicana y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Expertos de la ONU han expresado su preocupación por la posible violación de los derechos humanos en estos vuelos de expulsión, advirtiendo que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían verse involucrados en esta controversia. A pesar de que el gobierno británico ha logrado la aprobación de su plan de deportaciones a Ruanda, la polémica y la incertidumbre continúan rodeando esta controvertida medida que busca reducir la inmigración irregular en el país.

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