En un movimiento sorprendente, el Gobierno liderado por Gustavo Petro ha designado a disidentes de las Farc capturados en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia como gestores de paz. La medida, que incluye a Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, cabecilla del frente 36 del Estado Mayor Central, Wenser Sony Duque Duque, alias Oliver, Diego Armando Vargas Betancur, alias Boyaco, y María Alejandra Ojeda, ha generado controversia en todo el país.

La resolución de la decisión establece que los excombatientes tendrán la tarea de «contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz con dicha guerrilla, y promover acuerdos y acciones humanitarias». Este acuerdo tendrá una duración de seis meses y se aplicará en todo el territorio nacional. Además, los gestores de paz deberán firmar un documento frente al Consejero Comisionado de Paz en el que se comprometen a participar en las diligencias judiciales, elaborar un plan de acción y presentar informes mensuales. El Gobierno se reserva el derecho de revocar su designación y solicitar la reinstauración de las medidas en cualquier momento.

Las reacciones en la sociedad colombiana

Esta controvertida decisión por parte de Petro  ha generado reacciones encontradas en la sociedad colombiana. Mientras algunos ven esta medida como una oportunidad para trabajar en la reconciliación y la construcción de la paz en el país, otros la consideran una afrenta a las víctimas del conflicto armado y una falta de respeto a la justicia. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre cómo se llevará a cabo este proceso y cuál será el papel exacto que desempeñarán estos excombatientes en la construcción de la paz en Colombia.

La designación de disidentes de las Farc como gestores de paz marca un nuevo capítulo en el proceso de reconciliación en el país, y genera una discusión sobre los límites y las posibilidades de la justicia transicional en Colombia.

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