El Gobierno de Donald Trump ha abierto una investigación por discriminación contra la prestigiosa Universidad de Duke, con sede en Carolina del Norte. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación inició la pesquisa tras recibir denuncias sobre el proceso de selección de la revista jurídica de Duke. Según el Departamento de Educación, las acusaciones sostienen que se otorgaban puntos adicionales a postulantes que «hicieran referencia a su raza o etnia en sus declaraciones personales».

Esta acción posiciona a Duke como la institución educativa más reciente en el punto de mira de la administración Trump, que ha intensificado su batalla ideológica contra las universidades. El presidente ha argumentado consistentemente que los centros de educación superior han sido influenciados por la «extrema izquierda», impulsando medidas para sancionar y prohibir los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Estos programas buscan activamente abordar las desigualdades sociales en el acceso a la educación y la composición del profesorado.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., enviaron una carta conjunta a la dirección de Duke. En ella, expresaron su profunda preocupación por el uso de «criterios raciales en contrataciones, admisiones y otorgamiento de becas», señalando específicamente el sistema de salud de la universidad.

McMahon afirmó: «Me enorgullece asociarme con el secretario Kennedy para garantizar que Duke se comprometa con la excelencia, la integridad y el respeto a la ley en la formación de los futuros líderes del país». Por su parte, añadió: «Otorgar un trato preferencial ilegal basado en características inmutables es una afrenta no solo a las leyes de derechos civiles, sino también al carácter meritocrático de la excelencia académica».

La decisión de investigar a Duke se produce pocos días después de que la Universidad de Columbia, en Nueva York, acordara pagar una multa de 200 millones de dólares. Este pago se realizó para cerrar las acusaciones que la Administración Trump había vertido contra ella por supuesto antisemitismo, lo que subraya un patrón de escrutinio gubernamental sobre las políticas internas de las instituciones académicas.

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