El Gobierno argentino emitió un comunicado este martes en el que rechazó las acusaciones proferidas por el dictador venezolano Nicolás Maduro contra Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece secuestrado en Venezuela.

En forma conjunta, Cancillería y el ministerio de Seguridad calificaron como falsas e infundadas las afirmaciones de Maduro, quien horas antes sostuvo que Gallo había llegado a Venezuela con la misión de atentar contra Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen venezolano.

“Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico. Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano”, señaló el texto suscripto por las carteras a cargo de Gerardo Werthein y Patricia Bullrich.

“El Gobierno argentino exige, una vez más, la inmediata e incondicional liberación de Nahuel Agustín Gallo, garantizando su integridad física y psíquica, así como el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países”, agregaron.

La posición expresada por el Gobierno del presidente Javier Milei añade las advertencias que han realizado organismos internacionales de Derechos Humanos sobre la situación del efectivo argentino, que permanece detenido desde el 8 de diciembre.

Advierte además que el régimen chavista se encuentra en crisis a partir de la manipulación de los mecanismos institucionales para permanecer en el poder político de manera ilegítima.

“El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone con rigor las graves irregularidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, que utiliza el aparato estatal como herramienta de control político y social para perpetuarse en el poder y obstaculizar los esfuerzos legítimos de la oposición democrática, encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”, destacó el comunicado.