En una decisión contundente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la declaración de un nuevo estado de excepción para combatir el crimen organizado que ha venido azotando al país. Esta medida, que se enfoca en siete de las 24 provincias ecuatorianas, ocurre después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la última declaración de este tipo.

El gobierno ecuatoriano, que ha estado luchando contra las bandas del narcotráfico desde enero, ha encontrado necesario decretar este estado de excepción debido al empeoramiento de la violencia en las últimas semanas, reflejada en una serie de matanzas en distintas zonas del país. El estado de excepción permitirá el despliegue de militares en las calles de las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, así como en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Además, la medida abarcará a la población de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay.

Según el documento emitido por la presidencia, en estas zonas se han agudizado hechos de violencia sistemática perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas e individuos beligerantes no estatales. En un comunicado ante los medios, la asesora presidencial Diana Jácome resaltó que la decisión de imponer este nuevo estado de excepción ha sido consensuada y cuenta con el respaldo unánime de todos los miembros del Cosepe. «La seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este Gobierno», señaló Jácome.

Es importante destacar que el pasado 10 de mayo, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el anterior estado de excepción decretado por Noboa para combatir la delincuencia organizada en las provincias costeras del país. En su dictamen, el tribunal determinó que no se justificaba la configuración de un conflicto armado interno, argumento esgrimido por el gobierno para declarar la medida.

Ecuador busca estabilidad y paz

Con esta nueva declaración de estado de excepción, el presidente Noboa busca llevar a cabo acciones contundentes para frenar la violencia desatada por las bandas del crimen organizado, que se dedican principalmente al narcotráfico en el país. La lucha contra este flagelo se ha elevado a la categoría de conflicto armado interno, considerando a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

La militarización de las cárceles, una de las medidas adoptadas durante el anterior estado de excepción, ha sido una de las estrategias implementadas para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa Ecuador. Sin embargo, organizaciones internacionales como Human Rights Watch han cuestionado la respuesta de las autoridades, expresando sus dudas sobre la motivación detrás de la declaración de conflicto armado interno.

En medio de esta situación, el gobierno ecuatoriano busca garantizar la seguridad de sus ciudadanos y enfrentar de manera efectiva al crimen organizado, que ha sumido al país en una espiral de violencia y delincuencia. La implementación de este nuevo estado de excepción representa un paso más en la lucha contra este flagelo que amenaza la estabilidad y la paz en Ecuador.

Te puede interesar: Migración mexicana en ascenso: Datos revelan 1.2 millones de migrantes desde 2018