Este martes, el Parlamento de Venezuela, controlado por el oficialismo, aprobó en primera discusión un proyecto de ley contra el “fascismo”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó la propuesta de la “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”, respaldada por el presidente Nicolás Maduro. El proyecto, compuesto por 30 artículos, pretende sancionar severamente cualquier acto que se considere promueva el fascismo, incluida la difusión de mensajes en redes sociales.

Rodríguez argumentó que la ley es necesaria debido a los violentos eventos ocurridos en las protestas de 2014 y 2017, y criticó el eslogan “Hasta el final” de la líder opositora María Corina Machado, comparándolo con el nazismo. El texto del proyecto asocia al “neoliberalismo” y al “conservadurismo moral” con el fascismo y prohíbe mensajes que, según se estima, menosprecian la democracia, sus instituciones y valores republicanos. Además, prevé la disolución de ONGs y partidos políticos, así como sanciones, para quienes adopten posturas fascistas o neofascistas.

Controversia y preocupación por la ley en Venezuela

La votación del proyecto ha causado controversia entre la oposición y la sociedad civil, preocupados por la posibilidad de que la ley criminalice la disidencia, especialmente en un año electoral. La ley propone sanciones económicas, con multas de entre 50.000 y 100.000 “veces el tipo de cambio más alto publicado por el Banco Central” para medios que difundan mensajes prohibidos, y revocación de concesiones para infractores en radio y televisión.

Aunque los legisladores deben debatir el proyecto en una segunda discusión antes de que se oficialice, su contenido ya ha provocado debate y críticas por las implicaciones que podría tener en la libertad de expresión y la democracia en Venezuela, por lo que se espera que las opiniones divididas ante ella continuen en un futuro.

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