El gobierno de Donald Trump anunció que a partir del 18 de septiembre volverá a aplicar la política de «carga pública», un criterio que será utilizado para evaluar algunas solicitudes de residencia permanente en Estados Unidos. La medida fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dejando sin efecto la regulación implementada durante la administración de Joe Biden.

Con este cambio, las autoridades retomarán una interpretación más estricta para determinar si un solicitante podría depender de recursos públicos, aunque aclararon que cada caso será analizado de manera individual.

¿Qué cambia para quienes solicitan la residencia?

USCIS explicó que los oficiales migratorios evaluarán factores como ingresos, patrimonio, estado de salud, situación familiar y capacidad económica para determinar si existe la probabilidad de que una persona se convierta en una carga para el Estado.

La dependencia precisó que el uso de beneficios públicos no implica automáticamente el rechazo de una solicitud, ya que la decisión se tomará considerando el conjunto de circunstancias de cada caso y no un solo elemento.

Beneficios públicos y posibles efectos

Aunque la nueva regulación no incluye una lista específica de programas que provoquen una negativa automática, durante la primera aplicación de esta política fueron considerados apoyos como Medicaid, los cupones de alimentos (SNAP) y algunos subsidios de vivienda dentro de la evaluación migratoria.

Según estimaciones del Migration Policy Institute, cuando esta política estuvo vigente anteriormente, alrededor de 167 mil personas podrían haber sido afectadas por estos criterios. Organizaciones defensoras de los inmigrantes también advirtieron que la medida provocó que muchas familias dejaran de solicitar apoyos públicos por temor a perjudicar sus trámites migratorios, un efecto que podría repetirse tras la entrada en vigor de la nueva norma.

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