El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes revisar un caso que involucra a una agencia de adopción católica que se negó a trabajar con parejas del mismo sexo, lo que abre la puerta para que las empresas puedan alegar motivos religiosos para discriminar a la comunidad LGBT+.

La decisión del máximo tribunal estadounidense deja en firme un fallo de una corte de apelaciones que había determinado que la agencia Catholic Social Services (CSS) violó las leyes antidiscriminación de la ciudad de Filadelfia al rehusarse a certificar a parejas homosexuales como padres adoptivos o de acogida.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no se pronunció sobre el fondo del asunto, sino que se limitó a argumentar que el caso ya estaba resuelto porque la ciudad y la agencia habían llegado a un acuerdo en febrero pasado, por el cual CSS podrá seguir operando bajo ciertas condiciones.

De esta manera, el tribunal evitó entrar en el debate sobre si las empresas pueden invocar la libertad religiosa para eximirse de cumplir con las normas que prohíben la discriminación por orientación sexual o identidad de género, una cuestión que ha generado polémica y división en el país.

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la diversidad sexual criticaron la decisión, que consideraron que hizo perder al Tribunal Supremo una oportunidad para sentar un precedente claro y contundente contra la discriminación.

Por su parte, Alphonso David, presidente de la Campaña de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés), la mayor organización LGBT+ del país, advirtió que la decisión del tribunal “pone en riesgo el bienestar de los niños” y “da licencia a las empresas para discriminar”.

En contraste, la decisión del Tribunal fue celebrada por los grupos conservadores y religiosos, que vieron en ella una victoria para la libertad de conciencia y expresión

“Que el Tribunal Supremo haya reconocido que CSS y otras agencias religiosas merecen una oportunidad de servir al bien común sin que las fuerzen a abandonar sus creencias nos llena de gratitud”, dijo Lori Windham, abogada del Instituto Becket, una organización legal que representa a CSS.

El caso se remonta a 2018, cuando CSS demandó a la ciudad de Filadelfia por haberle retirado el contrato para proveer servicios de adopción y acogida, luego de que se descubriera que la agencia se negaba a trabajar con parejas del mismo sexo por motivos religiosos.

CSS argumentó que su postura estaba amparada por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión y expresión, y que la ciudad violaba sus derechos al imponerle condiciones contrarias a sus creencias.

La ciudad, en cambio, sostuvo que CSS estaba incumpliendo con las leyes locales que prohíben la discriminación por orientación sexual o identidad de género en el acceso a los servicios públicos, y que tenía el deber de proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en junio pasado emitió un fallo favorable a CSS por una mayoría de 9-0, pero sin resolver el fondo del asunto. El tribunal argumentó entonces que la ciudad había actuado con hostilidad hacia la agencia y había violado su libertad religiosa al aplicarle unas normas que no eran neutrales ni generales.

Sin embargo, el tribunal no cerró la puerta a revisar el caso si se presentaban nuevas circunstancias o argumentos, lo que impulsó a la ciudad a pedir una nueva audiencia, que finalmente recibió el rechazo este lunes.

La decisión del tribunal se produce en un contexto de creciente polarización y confrontación en Estados Unidos sobre los derechos de la comunidad LGBT+, que ha logrado avances significativos en los últimos años, pero que también ha enfrentado resistencias y ataques por parte de sectores conservadores y religiosos.

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