Washington.- El gasto en las campañas electorales en Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes en 2024, superando todas las expectativas y estableciendo un nuevo récord histórico. Con un total proyectado de $15.9 mil millones destinados a las elecciones presidenciales, senatoriales y de la Cámara de Representantes, el dinero ha jugado un papel decisivo en la carrera por el poder político en el país.

Las donaciones millonarias y la influencia de los llamados Super PACs, Comités de Acción Política Independientes, han impulsado principalmente el aumento en el gasto electoral, invirtiendo más de $1,000 millones en anuncios publicitarios y otras actividades de apoyo a los candidatos. Este fenómeno ha cambiado drásticamente la forma en la que se financian las campañas políticas en Estados Unidos, generando preocupaciones sobre la equidad democrática y la influencia desproporcionada de intereses particulares en el proceso electoral.

Además, las plataformas digitales también han sido testigos de un aumento significativo en el gasto político, con más de $619 millones invertidos en anuncios en Google y Meta. Esto resalta la importancia cada vez mayor del entorno en línea en las estrategias electorales de los candidatos, así como la necesidad de regular de manera efectiva el financiamiento de las campañas en el mundo digital.

Super PACs llevan el gasto de campañas en Estados Unidos a cifras récord

Los Super PACs surgieron después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Citizens United vs. FEC en 2010, que permitió a las corporaciones y sindicatos gastar ilimitadamente en campañas políticas, siempre que no estuvieran coordinados directamente con los candidatos. Desde entonces, estos comités independientes han desempeñado un papel crucial en las elecciones, con un poder financiero significativo para influir en los resultados.

A pesar de las críticas que han recibido, los Super PACs continúan recaudando cantidades exorbitantes de dinero y permitiendo que los grandes donantes y corporaciones tengan una influencia desproporcionada en el proceso electoral. Esto ha llevado a la creación de una «política de los más ricos», donde los intereses particulares pueden primar sobre los del electorado común, planteando serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las elecciones.

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