Los fiscales japoneses llevaron a cabo un allanamiento el martes en las oficinas del Partido Liberal Democrático (PLD), el partido gobernante en Japón, en medio de un escándalo de financiamiento político no declarado. El primer ministro, Fumio Kishida, se vio obligado a destituir a cuatro ministros como consecuencia de este caso que ha sacudido la política nacional.

Según informes de la prensa local, la televisión pública NHK  en Japón, mostró imágenes de los fiscales ingresando a un edificio que alberga la sede de la facción más grande del PLD, la cual se ha visto envuelta en informes de sobornos por 500 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 3,4 millones de dólares.

“El partido debe trabajar urgentemente para recuperar la confianza del público”, declaró Kishida, quien anteriormente destituyó a cuatro ministros, incluido al principal portavoz del gobierno, tras descubrir que no habían reportado fondos políticos, tal como lo exige la ley. La popularidad de Kishida ha alcanzado su nivel más bajo desde que el PLD volvió al poder en 2012.

El secretario general del PLD, Toshimitsu Motegi, calificó el allanamiento como “extremadamente lamentable” y aseguró que el partido tomará las medidas necesarias mientras siguen de cerca el avance de la investigación. Sin embargo, han surgido algunas dudas sobre la neutralidad de la investigación, considerando que Ryuji Koizumi, miembro de la facción investigada, ocupa el cargo de ministro de Justicia. A pesar de esto, Koizumi enfatizó la importancia de llevar a cabo una investigación rigurosa.

Otras facciones del PLD bajo sospecha en Japón

No solo la mayor facción del PLD ha sido objeto de allanamientos, sino que los fiscales también han investigado a otras cinco de las seis facciones del partido por recibir supuestamente fondos políticos sin declarar. Esto ha generado un escándalo que pone en entredicho las prácticas del partido y ha afectado la imagen del propio Kishida.

La popularidad del gobierno japonés se encuentra en su punto más bajo desde que el PLD ganó el poder en 2012. La Fiscalía también está llevando a cabo sus propias investigaciones, lo que ha contribuido a la desilusión social y a un mínimo histórico de apoyo del 16 por ciento.

El escándalo de financiamiento sin declarar por parte del PLD ha complicado aún más la situación del gobierno, generando un importante desencanto dentro de la población japonesa. La confianza en las autoridades se encuentra en un nivel inusualmente bajo, lo que representa un desafío adicional para el ya debilitado Ejecutivo.

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