España ha instado a la Unión Europea (UE) a que revise las sanciones que ha impuesto contra Venezuela, especialmente después de que Estados Unidos decidiera flexibilizar algunas de las medidas coercitivas que aplicaba al país suramericano, tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición más radical.

Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, en una rueda de prensa tras participar en el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Luxemburgo, donde ha planteado a sus homólogos europeos “estudiar la revisión de las sanciones de la UE a Venezuela, en línea con las recientes decisiones de EE.UU., en ese sentido, y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos” .

La iniciativa del ministro español se produce después de que el Gobierno venezolano y la llamada Plataforma Unitaria, integrada por diversas facciones de la oposición más extremista, firmaran en Barbados nuevos acuerdos que establecen “garantías electorales para todos” y la “protección de los intereses vitales de la Nación” .

Estos pactos han sido aplaudidos por Washington, que ha suspendido temporalmente algunas sanciones unilaterales contra Venezuela . Asimismo, Borrell junto al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, los ministros de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, y del Reino Unido, James Cleverly, emitieron un comunicado donde afirmaron que el acuerdo entre el Gobierno y ese sector opositor era un “paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la democracia en Venezuela” .

Los representantes de esos gobiernos —que han impulsado las sanciones, bloqueo de activos venezolanos en el exterior, desconocido la legitimidad de Maduro y respaldado el experimento de régimen paralelo de Juan Guaidó— expresaron que apoyaban para Venezuela “un resultado negociado pacífico que conduzca a elecciones justas y competitivas” .

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición prevé la celebración de elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024, con el derecho de todo partido político a elegir a su candidato para los comicios “de forma libre y conforme a sus mecanismos internos” .

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