España ha aprobado una nueva ley de bienestar animal que prohíbe el uso de animales para actividades recreativas que les causen dolor o sufrimiento, pero que excluye las corridas de toros y la cacería con perros. La ley entró en vigor este viernes y es la primera legislación española que especifica sobre los derechos de los animales.

La medida tiene como objetivo acabar con los abusos hacia los animales domésticos, especialmente los perros y los gatos, que son las mascotas más populares en el país. Según las estadísticas gubernamentales, en España se tienen unos 29 millones de animales como mascotas, la mayoría de ellos perros. Sin embargo, cada año, las personas abandonan alrededor de 300.000 perros y sacrifican alrededor de un tercio.

La nueva ley introduce multas de hasta 200.000 euros (212.000 dólares) por maltrato animal y prohíbe la compra de mascotas en tiendas o por internet. Las tiendas tendrán un periodo de gracia para encontrar hogares para sus animales y, en el futuro, sólo será legal comprar mascotas de criadores registrados. Además, la ley permite la entrada de mascotas a la mayoría de los establecimientos, incluidos restaurantes y bares, y pretende introducir seguros y registros obligatorios para las mascotas, así como formación para los propietarios.

La ley excluye a los animales salvajes y a los toros

La ley también prohíbe el uso de animales salvajes en los circos y da a los propietarios seis meses para cumplirla. Sin embargo, respecto a los zoológicos, la ley permite seguir utilizando mamíferos marinos en sus espectáculos de delfines hasta que los animales mueran.

La ley ha generado críticas por parte de algunos sectores que consideran que no protege suficientemente a los animales. Por un lado, las corridas de toros se mantienen como parte del patrimonio cultural de España y no se ven afectadas por la prohibición del uso recreativo de animales que causen dolor o sufrimiento. Por otro lado, una propuesta para incluir a los perros de caza en la ley provocó protestas en algunas comunidades rurales y el gobierno dio marcha atrás.

La aplicación efectiva de la ley también se ve dificultada por la situación política del país. La ley se aprobó sin el apoyo de ningún otro partido político y algunos aspectos legales se retrasaron porque no se han elaborado procedimientos administrativos detallados en ausencia de un gobierno en funciones. Las elecciones generales de julio en España no tuvieron resultados concluyentes y los partidos políticos están en conversaciones para formar coaliciones.

Te puede interesar: Nueva York, bajo el agua: estado de emergencia por lluvias históricas