El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes la eliminación de las controvertidas “visas doradas”. Estas visas permitían que los extranjeros obtuvieran residencia y trabajo en España a cambio de una inversión mínima de medio millón de euros en el sector inmobiliario. Esta medida tiene como objetivo combatir la especulación inmobiliaria que ha impactado a ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, las Islas Baleares y Valencia.

El impacto de las visas doradas

Introducidas en 2013 durante la presidencia de Mariano Rajoy, las visas doradas ofrecían a ciudadanos no europeos un permiso de residencia y trabajo de tres años por una inversión de al menos 500.000 euros en empresas o propiedades españolas. No obstante, el actual gobierno ha decidido terminar con este programa, que se ha utilizado principalmente para inversiones inmobiliarias en zonas urbanas de alta demanda habitacional.

“Es hora de poner fin a las ‘visas doradas’ que han fomentado la inversión especulativa en vivienda, perjudicando a muchos jóvenes y familias en busca de un hogar digno”, declaró Sánchez durante una visita cerca de Sevilla. El líder socialista señaló que la inversión ha sobrecargado a las principales ciudades del país, elevando los precios de la vivienda y complicando el acceso a ella para los locales.

La decisión de España sigue a medidas similares en otros países del sur de Europa, como Portugal y Grecia, que han endurecido sus políticas de visas doradas ante el impacto negativo en el mercado inmobiliario y la seguridad financiera de la Unión Europea. Ernest Urtasun, portavoz del partido Sumar, calificó estas visas como una “vergüenza europea” que no deberían otorgarse basadas en la riqueza.

Frente a las críticas de la Comisión Europea sobre los riesgos de seguridad, lavado de dinero y evasión fiscal vinculados a estos programas, España ha optado por eliminar las visas doradas. El objetivo es fomentar una inversión más justa y sostenible en el sector inmobiliario. A partir de ahora, quienes deseen residir en el país deberán buscar alternativas que no impliquen grandes inversiones financieras.

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