El Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado denunciando los intentos de Estados Unidos de desconocer y deslegitimar las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Esta declaración se produce tras la solicitud de la administración de Joe Biden al gobierno de Maduro de permitir la participación de todos los candidatos opositores.

La Cancillería venezolana indica que el comunicado estadounidense del 27 de marzo de 2024 evidencia la intención de interferir en el proceso electoral de Venezuela. Destacan que Estados Unidos intenta reducir la participación de 37 fuerzas políticas nacionales, que incluyen a 13 candidatos presidenciales, 12 de ellos opositores al gobierno actual.

El presidente Nicolás Maduro asegura que su gobierno ha seguido todas las normas legales y el Acuerdo de Barbados para realizar elecciones transparentes. Frente a las críticas estadounidenses, sostiene que la dignidad bolivariana se impondrá ante los intentos de desacreditar el proceso electoral.

Posición del Consejo Nacional Electoral de Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela rechaza las acusaciones de Estados Unidos, afirmando que las decisiones sobre los candidatos son competencia exclusiva del órgano electoral venezolano, respetando siempre la legalidad nacional.

Estados Unidos insiste en la inclusión de todos los candidatos opositores, especialmente después de la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado, y la imposibilidad de registrar a su sustituta, Corina Yoris. En este contexto, el Departamento de Estado argumenta que excluir a ciertos candidatos compromete la competitividad e inclusividad de las elecciones.

Por otro lado, Brasil y Colombia, aliados de Venezuela, han expresado preocupación por los desafíos que enfrenta la oposición en el proceso electoral. Además, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha inscrito provisionalmente a Edmundo González Urrutia como candidato, quien podría ser sustituido después del 1 de abril, mientras se espera una resolución definitiva que garantice la transparencia y legitimidad de las elecciones venezolanas.

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