Este viernes, el gobierno de Estados Unidos anunció que había logrado confiscar más de 3 mil 500 armas de fuego que organizaciones criminales transnacionales iban a traficar a México, superando el número de decomisos del año fiscal anterior. Sin embargo, esta cifra representa menos del 2 por ciento del total de las armas que ingresan ilegalmente desde el norte cada año, según la estimación del gobierno mexicano.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) realizó los decomisos en el marco de la Operation without a Trace y la Operation Southbound, que se enfocan en el traslado de armas hacia el sur a lo largo de la frontera del suroeste estadunidense. El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) coordinan estas operaciones.

El gobierno de Estados Unidos hizo públicas las estadísticas del decomiso de armas de fuego destinadas a México por primera vez en años, en clara reacción para calmar las quejas, exigencias y denuncias del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el trasiego de armamento. El mandatario mexicano ha reclamado en varias ocasiones que Estados Unidos haga más para frenar el flujo de armas que empoderan al narcotráfico y la violencia en México.

De acuerdo con cálculos del gobierno de México, emanados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anualmente los cárteles estadunidenses del tráfico de armas meten ilegalmente a México unas 200 mil armas de fuego que terminan en manos de narcotraficantes y criminales. En términos comparativos, las estadísticas oficiales del gobierno de Estados Unidos sobre las armas que han confiscado durante los últimos cuatro años exhiben la omisión federal para contenerlas y el apogeo de esta actividad crimina.

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