Una oleada de temor ha sacudido a la comunidad migrante en Nashville tras una serie de operativos conjuntos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla de Carreteras de Tennessee, que resultaron en la detención de más de 100 personas, en lo que se perfila como una de las acciones más agresivas del gobierno de Donald Trump para cumplir su promesa de campaña de deportaciones masivas.

De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los arrestos se produjeron tras más de 500 paradas de tráfico llevadas a cabo la semana pasada. En el balance oficial, se detalló que 95 de los detenidos contaban con antecedentes penales, mientras que 31 personas reingresaron ilegalmente al país tras haber sido deportadas previamente.

Las autoridades también difundieron los nombres y fotografías de cinco de los detenidos, vinculándolos con delitos como posesión de sustancias ilícitas y agresiones. Sin embargo, activistas y organizaciones civiles han condenado la medida, denunciando que este tipo de acciones generan un ambiente de persecución y vulneran los derechos humanos.

Un operativo que estremeció a Nashville

La magnitud del operativo ha causado conmoción entre los residentes de Nashville, donde la comunidad migrante representa una parte significativa de la fuerza laboral local. Los agentes de ICE, trabajando de la mano con la policía de tránsito estatal, patrullaron múltiples zonas urbanas y rurales, provocando un efecto inmediato de miedo y retraimiento en muchas familias de origen latino.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Diversos grupos proinmigrantes organizaron protestas, campañas de información y redes de apoyo para prevenir a la comunidad sobre los puntos de control. Incluso, la tensión fue tal que el equipo de fútbol local, La Brigada de Oro, canceló un partido que tenía programado para el sábado pasado, en señal de solidaridad con la población migrante.

Reacción de las autoridades locales

Ante la creciente indignación, el alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, se pronunció con contundencia, deslindando a su administración de los operativos. En un comunicado, afirmó que “no solicitamos este enfoque de seguridad, no lo apoyamos”, y firmó una orden ejecutiva que obliga a reportar cualquier encuentro entre residentes y agentes federales, en un intento por brindar mayor transparencia y proteger a sus ciudadanos.

La medida fue bien recibida por organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios, quienes han señalado que la cooperación entre las autoridades locales y federales en operativos migratorios mina la confianza en las instituciones públicas y promueve la discriminación racial.