La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceleró una nueva estrategia comercial para mantener su política proteccionista luego de que la Corte Suprema invalidara en febrero buena parte de los aranceles globales impuestos bajo poderes de emergencia.

Tras el fallo, Trump implementó un arancel temporal global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero esa medida expirará en julio. Ante ello, su gobierno ahora impulsa mecanismos más duraderos mediante investigaciones comerciales bajo la Sección 301 y otras disposiciones legales que permitirían imponer nuevos impuestos a importaciones de decenas de países.

El objetivo central es preservar ingresos fiscales, reducir la dependencia de manufactura extranjera y reforzar la producción estadounidense, aunque especialistas advierten que estas políticas podrían traducirse en mayores costos para consumidores y nuevas disputas legales.

Las nuevas investigaciones comerciales abarcan economías acusadas de prácticas desleales, sobreproducción o uso de trabajo forzado, y podrían derivar en una nueva ronda de tarifas sobre productos estratégicos.

Analistas económicos señalan que, aunque la Casa Blanca busca blindar jurídicamente su estrategia, persiste incertidumbre sobre el impacto en mercados internacionales, inflación y relaciones con socios comerciales clave como México, Canadá y la Unión Europea.

El replanteamiento comercial de Trump confirma que los aranceles continúan siendo uno de los pilares de su agenda económica, incluso frente a crecientes restricciones judiciales.

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