Organizaciones de Derechos Humanos, junto a opositores venezolanos exiliados en España, denunciaron este viernes en Madrid una serie de crímenes de odio que atribuyen al régimen de Nicolás Maduro, los cuales incluyen la muerte de 35 personas desde el inicio de la campaña electoral en Venezuela en julio pasado.

Según detallaron en una rueda de prensa, las plataformas documentaron que desde el comienzo de la campaña electoral se registraron 35 muertes por crímenes de odio, así como centenares de heridos y más de 2.400 detenciones arbitrarias, incluidos indígenas y periodistas. Además, se contabilizaron más de 1.300 manifestaciones donde se denunció violencia o represión policial.

En el informe presentado, los denunciantes también señalan la actuación de grupos violentos armados que atacaron a manifestantes, además de casos de torturas a presos políticos, muertes bajo custodia policial y amenazas proferidas por el propio Maduro, quien habría advertido de un “baño de sangre” y una “guerra civil” si la oposición ganaba los comicios. Por su parte, el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, habría dirigido amenazas similares hacia líderes opositores.

El acto en Madrid estuvo encabezado por Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación (COVIDOD); Manuel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Ayuda a Venezuela; y Miguel Henrique, director del periódico venezolano El Nacional.

Asimismo, los acompañó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, Rafael Ortega, a quien se entregó una acción mero-declarativa para que se reconozca el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas.

El informe presentado reclama “justicia” para las víctimas de crímenes basados en ideología, derechos de expresión y manifestación, así como pertenencia a grupos vulnerables en el actual contexto político venezolano. Los denunciantes destacan que esta acción busca sentar las bases jurídicas para futuras investigaciones y responsabilidades penales.

El documento se fundamenta en la Constitución de Venezuela, los tratados internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal venezolano y la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, entre otros marcos legales.

Ibarra calificó la denuncia como “un deber ético y social”, subrayando que el informe no constituye un análisis político, sino un registro detallado de hechos que demanda acción.