La fiscalía de Panamá ha propuesto la anulación de la concesión otorgada en 1997 a una empresa china que opera dos puertos en los accesos del canal interoceánico, luego de considerarla «inconstitucional». Esta sugerencia ha surgido en medio de las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar la vía argumentando que está bajo el control de Pekín.

El fiscal jefe panameño, Luis Carlos Gómez, ha presentado la solicitud ante la Corte Suprema, que actualmente está revisando dos demandas contra el contrato de concesión concedido a Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.

Según Gómez, el contrato en cuestión viola 15 artículos de la Constitución panameña al transferir de manera indebida derechos privativos del Estado panameño y afectar el interés social y público. Además, se argumenta que se han infringido principios como la libre competencia, la exoneración de impuestos sin fundamentos y la renovación automática de la concesión en condiciones desventajosas para el interés público.

Las demandas presentadas buscan que la justicia anule el contrato que permite a Panama Ports Company operar los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas del canal por el Pacífico y el Atlántico respectivamente. Los demandantes alegan que la empresa ha incumplido con el pago de impuestos y ha recibido beneficios contrarios a la ley.

Este llamado a la anulación de la concesión se produce en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, ya que Washington considera que una empresa china operando puertos en los accesos al canal representa una amenaza. A pesar de que la vía es dirigida y administrada por una entidad panameña autónoma, Trump ha expresado su interés en «retomar» el control del canal, construido por Estados Unidos pero entregado a Panamá hace 25 años.

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