La Fiscalía de Manhattan y un grupo de exfuncionarios de diferentes signos políticos han solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que no se detenga la sentencia del presidente electo Donald Trump en el caso penal relacionado con los pagos irregulares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

Esta petición surge luego de que los abogados de Trump acudieran al más alto tribunal del país con el objetivo de paralizar el procedimiento penal tras la condena dictada en mayo de 2024. A pesar de que instancias inferiores rechazaron las apelaciones de la defensa, el presidente electo busca impedir que se ejecute la sentencia este viernes.

En este contexto, la Fiscalía de Manhattan ha enviado un documento a la Corte Suprema en el que expresa su oposición a la paralización del proceso, haciendo hincapié en que Trump podría apelar la sentencia una vez sea dictada.

Los fiscales destacan que el juez a cargo del caso ha tomado medidas para minimizar la carga sobre el acusado, descartando imponerle una pena de cárcel, multa o libertad vigilada, e incluso permitiéndole presentarse a las audiencias de forma virtual.

Además, un grupo de exfuncionarios de Gobiernos de diferentes tendencias políticas, incluyendo algunos de la primera Administración Trump, se han unido en oposición a la solicitud de la defensa del presidente electo. Bajo el nombre State Democracy Defenders Action (SDDA), este grupo ha instado al Supremo a rechazar la petición de Trump, argumentando que no hay base legal para paralizar el proceso y resaltando que un presidente electo no goza de inmunidad presidencial.

En paralelo a estas acciones legales, ha trascendido que Trump mantuvo una llamada esta semana con uno de los jueces de la Corte Suprema, Samuel Alito, generando controversia y malestar en las filas demócratas. Ante esta situación, el congresista Jamie Raskin ha exigido a Alito recusarse del caso debido a presuntas faltas éticas.

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