El Gobierno del presidente Luis Arce analiza la posibilidad de solicitar la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante los bloqueos de carreteras promovidos por sectores afines al exmandatario Evo Morales.

Según explicó el ministro de Justicia, César Siles, la intención es que estas entidades verifiquen las afectaciones a derechos fundamentales como la libre circulación, el acceso a la salud y la educación, ocasionadas por las protestas. Incluso se contempla la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para evaluar el impacto de estas movilizaciones.

Desde hace más de una semana, los seguidores de Morales mantienen bloqueadas diversas vías en el centro del país, particularmente en la región del Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario. Exigen su habilitación como candidato a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado que la reelección presidencial en Bolivia solo está permitida una vez de forma continua, descartando una tercera postulación.

El conflicto se agrava en un contexto donde Morales ya no cuenta con un partido habilitado para participar en los comicios, tras perder la personería jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS), y mantiene una relación de abierta confrontación con el presidente Arce desde 2021.

El gobierno denunció que los bloqueos han dejado más de 50 personas heridas, entre ellas policías, médicos y civiles, y acusa a los manifestantes de obstaculizar con violencia el paso de ambulancias, alimentos y combustible. Por motivos de seguridad, la policía se replegó temporalmente del Trópico de Cochabamba, aunque continúa realizando operativos junto con las Fuerzas Armadas para restablecer el tránsito en la región.

Las tensiones actuales se suman a los disturbios registrados entre octubre y noviembre de 2024, cuando simpatizantes de Morales bloquearon caminos para evitar su detención en un caso de supuesta trata de personas. A raíz de esa causa, la Fiscalía investiga al exmandatario por delitos como terrorismo y obstrucción de procesos electorales. La denuncia se encuentra en etapa preliminar, pero podría ampliarse según la evolución de los hechos.

En paralelo, el presidente Arce acusó públicamente a Morales de buscar forzar su renuncia con el fin de facilitar una vía para volver a postularse. Consideró que tal intento sería inconstitucional. Morales, por su parte, calificó la situación como una disputa entre el "pueblo" y el "imperio", señalando al expresidente estadounidense Donald Trump como parte de una supuesta injerencia internacional en contra de su candidatura.

Mientras persisten los bloqueos y enfrentamientos, los precios de los alimentos siguen en aumento, en medio de una crisis económica que se ha profundizado en los últimos meses. El Gobierno advierte que las protestas agravan aún más este panorama.

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