El gobierno chileno encabezado por Gabriel Boric ha anunciado planes para revocar las pensiones otorgadas a víctimas del estallido social que hayan sido condenadas por delitos.

Este movimiento surge después de la revelación de al menos seis casos en los últimos meses, incluido el más reciente, donde José Jesús Véjar, condenado por homicidio en 2014, recibe una pensión vitalicia.

La medida busca eliminar estos beneficios que actualmente representan más de $1.400 millones de pesos anuales.

Durante el fin de semana, se dio a conocer el caso de Véjar, sumándose a otros como el de Jonathan Alfonso Parra Rebolledo, condenado por quemar una caseta de Carabineros, y Andrés Fuica, quien participó en el robo a un supermercado durante el estallido social.

Estos casos han generado controversia y críticas, llevando al gobierno a tomar medidas inmediatas.

Gobierno de Boric busca revocar pensiones a condenados por delitos en Chile

El diputado Andrés Longton expresó la necesidad de enviar señales claras contra la delincuencia y a favor de las víctimas, subrayando que estas pensiones cuestan al Estado más de $1.400 millones de pesos al año y deben revertirse lo antes posible.

Además, destacó la importancia de una autocrítica en la forma en que se otorgaron estos beneficios.

El gobierno se comprometió a presentar dos indicaciones este lunes para anular estas pensiones, marcando un cambio significativo en la política de concesión de beneficios a personas con antecedentes penales.

Durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera, se otorgaron pensiones de gracia a 17 personas con antecedentes policiales, según un informe de agosto de 2023.

Bajo la administración de Boric, se han concedido 23 pensiones a condenados por la justicia por diversos delitos.

El diputado Raúl Leiva resaltó el compromiso del gobierno de invalidar este beneficio vitalicio y modificar la ley correspondiente.

Por otro lado, el diputado Andrés Jouannet señaló la necesidad de responsabilidad por la entrega de estas pensiones y destacó la importancia de que el Instituto de Derechos Humanos también asuma su papel en esta situación.

La contralora subrogante Dorothy Pérez estaba programada para entregar una opinión jurídica sobre la posibilidad de invalidar estas pensiones, pero la visita a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja fue postergada para este lunes.

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