Un reciente escándalo ha sacudido a Argentina tras la publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), firmada por Diego Spagnuolo. La resolución establece términos ofensivos y discriminatorios como "idiotas" o "imbéciles" para clasificar a personas con discapacidad intelectual, lo que ha generado una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos.

Según el gobierno de Milei, los términos están basados en el Coeficiente Intelectual, a partir de los cuales se les entregará o no una pensión a quienes la solicitan.

La medida criticada por especialistas en derechos humanos y la sociedad civil, quienes consideran que los términos son obsoletos y peyorativos que se abandonaron hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria.

El uso de esta terminología ha sido calificado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) como un retroceso en materia de derechos humanos.

La medida, firmada por Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei, se enmarca en una política de ajuste que busca reducir el gasto público mediante la baja de al menos 200 mil pensiones por discapacidad.

¿Cómo "medirá" el gobierno de Argentina la discapacidad?

"Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero.

30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.

50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.

Retardados mentales: se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual".

Asociaciones de derechos humanos están contra los términos

Ana Dones, portavoz de REDI, expresó que la medida representa un retroceso sin precedentes.

"Es un retroceso sin procedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen", mencionó Dones.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también repudió la resolución, destacando que contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008. Agregó que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación.

"La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad", declaró.

En 2024 el gobierno de Milei restableció la vigencia de un decreto de los años 90 para clasificar distintos grados de discapacidad, en el que reincorporó la palabra "invalidez" que también había quedado obsoleta en 2004.

Ante las críticas recientes, el gobierno de Milei ha anunciado que revisará el texto de la norma para corregir el lenguaje empleado.

Organizaciones están llamando a la acción para revertir estas medidas y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

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