El gobierno argentino encabezado por Javier Milei ha generado controversia al presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para derogar la ley de aborto aprobada por el Congreso a fines de 2020, y convertirlo en un «delito».

El proyecto, firmado por el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, Lilia Lemoine y otros legisladores, propone importantes cambios en la legislación.

Una de las principales modificaciones que plantea este proyecto es eliminar las excepciones para los casos de violación. A diferencia de lo que establecía el Código Penal argentino desde 1921, este proyecto no contempla que las violaciones sean consideradas como no punibles.

En cambio, se dejará a discreción de los magistrados evaluar cada caso individualmente: «El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho«, señala el documento.

Según los legisladores, la decisión de eliminar la no punibilidad de los abortos por violación se debe a la interpretación sistemática de esta causal como una justificación de la práctica.

Sin embargo, este cambio ha generado una fuerte polémica en el país. Muchos consideran que esta medida vulnera los derechos de las mujeres y limita su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la discusión sobre la legalización del aborto se aprobó en la Cámara baja. Pero posteriormente fue rechazada en el Senado. Fue durante la administración de Alberto Fernández que finalmente se sancionó la ley de aborto.

Los diputados de La Libertad Avanza, el partido político de Milei, argumentan que la crisis que atraviesa el país no es solo política o económica. Sino fundamentalmente moral.

Según ellos, la clase política debe retomar el concepto de «bien común» como factor clave para la toma de decisiones. Así como para el desarrollo de la nación. Consideran que solo a través de condiciones institucionales, materiales y espirituales adecuadas se puede reconstruir una legitimidad cuestionada en la actualidad.

En cuanto a la protección de la vida del no nacido, los legisladores sostienen que antes de las catorce semanas de gestación, no se considera un bien jurídico que merezca la protección del derecho. Por esta razón, proponen volver a la redacción anterior del artículo y modificar las causales de no punibilidad.

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