El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que California, Washington y Nuevo México podrían enfrentar recortes millonarios en financiamiento federal si no aplican de forma adecuada los requisitos lingüísticos a los conductores de camiones comerciales. La advertencia surge tras un accidente fatal ocurrido el 12 de agosto en Florida, en el que un conductor sin dominio del inglés realizó una maniobra prohibida, provocando la muerte de tres personas.

Duffy explicó que una revisión federal halló deficiencias significativas en el cumplimiento de la normativa que exige a los conductores de vehículos comerciales demostrar competencia en el idioma inglés, medida que entró en vigor en junio como parte de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

Posibles sanciones millonarias

El funcionario detalló que, de no corregir las deficiencias en un plazo de 30 días, California podría perder hasta 33 millones de dólares, Washington 10.5 millones, y Nuevo México 7 millones, provenientes del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas.

“Se trata de un tema de seguridad pública, no de política. Todos usamos las carreteras y necesitamos asegurarnos de que quienes conducen vehículos pesados pueden leer señales, seguir instrucciones y comunicarse con las autoridades”, declaró Duffy.

Según datos del Departamento de Transporte, California realizó 34 mil inspecciones desde la entrada en vigor de las nuevas reglas, pero solo en un caso se descalificó a un conductor por no cumplir con los requisitos de idioma. Washington reportó más de 6 mil infracciones de seguridad, pero solo retiró del servicio a cuatro conductores por temas relacionados con el idioma. Nuevo México no ha sancionado a ninguno.

Además, se identificaron casos en los que conductores con violaciones previas siguieron operando en otros estados sin restricciones.

El caso Singh y la controversia migratoria

El detonante de la polémica fue el caso de Harjinder Singh, un camionero de origen indio que, según autoridades de Florida, se encontraba en el país de forma irregular desde 2018. Singh fue arrestado tras causar un accidente en una autopista al norte de West Palm Beach, al girar en un retorno no autorizado. Fue acusado de tres cargos de homicidio vehicular y enfrenta también un proceso migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que Singh nunca debió haber recibido una licencia de conducir comercial. Sin embargo, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que Singh contaba con un permiso de trabajo emitido durante el primer mandato de Trump y renovado en abril de este año, lo que generó discrepancias con las versiones federales.

Debate político y posición de la defensa

El accidente provocó un cruce de declaraciones entre autoridades estatales y federales, reavivando el debate sobre inmigración y seguridad vial. Mientras tanto, la defensora pública Diamond R. Litty, asignada temporalmente al caso, afirmó que Singh “quedó atrapado en el fuego cruzado de la política”. Subrayó que su equipo se enfocará en los cargos penales, además de colaborar con un abogado migratorio para evaluar las implicaciones legales del estatus migratorio del acusado.

Por su parte, Todd Spencer, presidente de la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores, respaldó la postura del gobierno federal. “Las habilidades básicas de inglés no son opcionales. El accidente en Florida ilustra trágicamente lo que está en juego”, dijo.

Contexto legal y desafíos estatales

California es uno de los 19 estados, junto con el Distrito de Columbia, que otorgan licencias sin importar el estatus migratorio. Defensores de esta política sostienen que permite a los residentes indocumentados manejar legalmente y de manera segura. No obstante, el caso Singh ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de estos permisos, particularmente en relación con la seguridad en carreteras interestatales.

Con la amenaza de perder millones de dólares en juego, los tres estados deberán responder formalmente al Departamento de Transporte en las próximas semanas. Por ahora, el caso continúa bajo investigación federal y estatal, mientras el debate se amplía más allá de la seguridad vial y se adentra en terreno político y migratorio.

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