El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció la revocación de una norma establecida durante la presidencia de Bill Clinton, vigente desde 1997. Esta medida impedía que migrantes indocumentados fueran excluidos de programas de educación técnica, profesional y para adultos financiados con fondos federales.

La administración de Donald Trump argumenta que la norma violaba la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), vigente desde 1996. Según la secretaria de Educación, Linda McMahon, los fondos públicos deben estar dirigidos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y personas legalmente admitidas en el país.

“Los trabajadores estadounidenses no deben financiar programas educativos para inmigrantes ilegales”, afirmó McMahon en un comunicado difundido por el Departamento de Educación este jueves.

Aplicación comenzará en agosto y afectará programas clave

A partir de agosto, la nueva interpretación de PRWORA excluirá a los migrantes indocumentados de múltiples beneficios educativos anteriormente disponibles bajo la administración demócrata. La agencia federal enfatizó que los programas afectados incluyen educación técnica, profesional y para adultos, así como clases de inglés como segunda lengua (ESL).

Además, se remarcó que programas federales bajo la Ley de Educación Superior, como las becas Pell y préstamos estudiantiles, seguirán siendo inaccesibles para migrantes irregulares. La administración Trump argumenta que la carta ‘Dear Colleague’ de 1997 interpretó erróneamente la ley al permitir excepciones no contempladas por el Congreso.

McMahon declaró que esta política protegerá a los contribuyentes y priorizará los recursos para ciudadanos y residentes permanentes legales en Estados Unidos.

Críticas por eliminación de fondos

El gobierno también canceló recientemente casi 7 mil millones de dólares en subvenciones federales destinadas a enseñanza de inglés y programas para adultos. Se alegó que dichos fondos se usaban para promover una “agenda radical de izquierda” y beneficiar a migrantes en situación irregular dentro del sistema educativo.

En paralelo, la administración ha intensificado acciones legales contra estados que otorgan matrículas universitarias reducidas a estudiantes sin estatus migratorio legal. Los críticos aseguran que estas políticas afectan a comunidades vulnerables y limitan el acceso a la educación como vía de integración social y económica.

Grupos defensores de los derechos de los migrantes han calificado la decisión como “discriminatoria” y aseguran que aumentará la desigualdad educativa en el país.

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