El Ministerio de Trabajo ha firmado este viernes al mediodía su acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral en España hasta las 37,5 horas semanales. Y prevé hacerlo a lo largo del 2025. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cierra así las conversaciones en el seno del diálogo social, donde la patronal CEOE ya le dijo el mes pasado que no contara con ella, y enfila así el camino del Congreso, donde todavía no tiene las mayorías claras para prosperar.

La vicepresidenta ha pugnado dentro del propio Gobierno para sacar adelante este acuerdo y ahora deberá pugnar para sortear la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. «Es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo. […] Para esto sí vale partirse la cara», ha defendido Díaz tras la firma con las centrales.

No obstante, no está nada claro que prospere en el Congreso por la falta de apoyos suficientes. «Somos conscientes», ha reconocido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, hasta el punto de que «no es imposible que la norma acabe bloqueada en las Cortes». «Que la cámara refleje lo que refleja la sociedad, dos de cada tres ciudadanos quiere que se reduzca el tiempo de trabajo», ha afirmado su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.

Siete de cada 10 asalariados aproximadamente en el conjunto de España verán reducida su jornada máxima si la norma consigue entrar en vigor. Y es que actualmente la normativa establece la jornada máxima en 40 horas semanales y la gran mayoría de convenios colectivos, si bien ya han pactado horarios inferiores a ese techo, todavía están por encima de las 37,5 horas. Según estimaciones de Trabajo, unos 12 millones de personas verán reducido su tiempo de trabajo en toda España.

El acuerdo que Díaz ha firmado este viernes con CCOO y UGT llega un mes después de que los negociadores de Trabajo dieran por cerradas las conversaciones con la patronal. En aquel momento el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, afirmó que la firma con los sindicatos -con los que la sintonía ha sido total durante toda la negociación- era «cuestión de días». Finalmente ese impás se ha alargado más de 30 y el motivo han sido las diferencias dentro del propio Ejecutivo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha maniobrado para tratar de flexibilizar ese compromiso de entrada en vigor de la norma para «acompañar» a las empresas y tratar así de dar más argumentos a los partidos reticentes en el Congreso a votar favorablemente para la aprobación de la norma. Aunque ello implique incumplir el programa de Gobierno pactado entre el PSOE y Sumar, que explicita que la reducción de jornada entrará en vigor en 2025.

La patronal catalana Pimec, por ejemplo, se ha mostrado abierta a que formaciones como Junts, presumiblemente clave para que prospere la norma, negocien la norma si esta incorpora mecanismos de aterrizaje progresivo y diferenciado por sectores, entre otros.

La actitud, en este sentido, es diametralmente opuesta a la de la otra patronal catalana y a la de su homóloga a nivel estatal, CEOE. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, alertó a los partidos «de la que se les viene encima» si apoyan la reducción de jornada.

Las maniobras para captar a actores claves para la votación en el Congreso ya han comenzado. La semana pasada el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el líder de la central en Catalunya, Camil Ros, viajaron a Bruselas para reunirse con el líder de Junts, Carles Pigdemont, y tratar de convencerlo que apoye la norma. Y es que para poder aprobar la reducción de jornada, dada la actual aritmética parlamentaria, o bien el PP se abstiene o bien Junts vota ‘sí’, no hay más opciones.