El excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, ha decidido no solicitar asilo en ninguna embajada acreditada en el país, a pesar de la orden de arresto en su contra emitida recientemente. Así lo afirmó su abogado, José Vicente Haro, quien aseguró que González Urrutia se mantiene bajo resguardo por motivos de seguridad.

En declaraciones a los medios, Haro enfatizó que no ha habido ningún pedido formal de asilo por parte de su cliente.

«En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, (ni) una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo», afirmó el abogado.

El líder antichavista se encuentra actualmente resguardado en un lugar seguro debido a las amenazas de cárcel que enfrenta desde que denunció fraude en las elecciones presidenciales. Su esposa, Mercedes de González, permanece en la residencia para atender a las autoridades en caso de que se presente una orden de allanamiento.

Haro también hizo referencia a las acusaciones formuladas por la Fiscalía contra González Urrutia, señalándolo de diversos delitos como «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público» e «instigación a la desobediencia de leyes».

El abogado calificó estas acusaciones como una excusa para llevar a cabo una persecución política injusta y arbitraria contra su cliente. En relación a las pruebas presentadas por la Plataforma Unitaria Democrática que demostrarían la victoria de González Urrutia en las elecciones, Haro reiteró que no existe ningún argumento penal que sustente dichas acusaciones.

Sin embargo, el líder opositor se ve obligado a resguardarse constantemente por motivos de seguridad y protección de su vida. «A pesar de los riesgos que corre su vida y seguridad personal, González Urrutia sigue firme en su lucha por la democracia y la justicia en Venezuela», concluyó el abogado.

La Fiscalía señala a González Urrutia de usurpación de funciones,  forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y sabotaje de daños de sistema y asociación.

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