En un escenario marcado por la tensión y el miedo, grupos que brindan apoyo a los migrantes han alzado la voz contra lo que consideran un «acoso legal» por parte del Gobierno de Texas. Esta situación de intimidación se ha extendido a lo largo de la frontera con México, afectando a organizaciones humanitarias que luchan por los derechos y la dignidad de los migrantes.

Uno de los casos más destacados es el de Casa Anunciación, una organización católica sin fines de lucro que ha estado operando albergues para migrantes en la frontera de Texas con México durante 40 años.

Sin embargo, recientemente se vieron en medio de un conflicto legal. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda en su contra por negarse a entregar documentación relacionada con sus operaciones.

Paxton acusó a Casa Anunciación de utilizar fondos públicos para facilitar la inmigración ilegal a Estados Unidos. Así como de albergar migrantes, tráfico humano y operar casas de seguridad.

Ante estas acusaciones, Rubén García, director de Casa Anunciación, defendió la labor de la organización, negando cualquier actividad ilegal. Así mismo, afirmó que su objetivo es proporcionar un lugar donde los migrantes puedan encontrar refugio, alimentación y apoyo para continuar su camino hacia EU.

El conflicto legal se intensificó cuando abogados del fiscal solicitaron acceder a la lista y la información de los hospedados en el albergue. A pesar de la negativa de la organización, el fiscal solicitó a la corte suspender los permisos de operación del centro.

El miedo y la intimidación no se limitan a Texas. Otras organizaciones humanitarias en estados como Arizona también son blanco de acusaciones y acoso.

Dora Rodríguez, directora del grupo Fronteras Compasivas, denunció que han sido atacados en redes sociales con falsas acusaciones de colaborar con cárteles mexicanos en el tráfico humano. Además, se han visto perseguidos por grupos paramilitares que vigilan la frontera y los acosan en su labor humanitaria.

Este acoso legal no es algo nuevo para los grupos de ayuda humanitaria que trabajan en favor de los migrantes. En 2019, el caso de Scott Warren, miembro de ‘No más muertes en Arizona’, evidenció la persecución legal contra quienes brindan ayuda humanitaria.

A pesar de ser declarado inocente, Warren enfrentó juicios por supuestamente albergar a migrantes indocumentados y ayudarlos a evitar ser detectados por las autoridades migratorias.

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