Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha expresado su rechazo hacia la apertura de un centro de detención para menores que fue inaugurado por la Alcaldía de Bogotá en julio de 2022 y que aún no ha comenzado su funcionamiento. El mandatario ha manifestado su opinión de que los niños no deberían estar presos. Respondiendo así a un usuario de la plataforma X que lo invitó a conocer y comparar los centros de atención para adolescentes privados de la libertad en otros lugares del país.

En una interacción por redes sociales, el internauta destacó que estos centros están llenos de adultos. Muchos de los cuales ya estuvieron en prisiones de mayores, sugiriendo que esta situación es algo que el presidente podría cambiar.

Polémica anterior

Este intercambio en las redes ha avivado la controversia sobre este tema, que ya había enfrentado al jefe de Estado con la alcaldesa mayor capitalina, Claudia López. Cabe mencionar que López estuvo a cargo de la construcción e inauguración del Centro Penal de Justicia Restaurativa para Jóvenes en julio de 2022.

Sin embargo, tras una reunión con el presidente en septiembre pasado, la alcaldesa informó que el Gobierno no había autorizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a operar el centro penal ubicado en la localidad de Bosa.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, también se pronunció en redes sociales. Afirmó que el debate debería centrarse en cerrar todos los centros de privación de libertad adolescente y dar paso a modelos distintos. Este centro penal estaba diseñado para albergar a más de 200 menores de edad que hubieran cometido infracciones y sobre los que los jueces hubieran impuesto medidas privativas de libertad.

La alcaldesa López argumentó que este lugar buscaba brindar segundas oportunidades a los menores. Sin embargo, sin el respaldo del ICBF, el centro no podrá ponerse en funcionamiento, a pesar de haber sido terminado durante su gestión.

El Gobierno, por su parte, prefiere impulsar procesos de reconciliación y otros procedimientos alternativos. Lo anterior en línea con la ley de ‘paz total’, una política transversal del Estado colombiano.

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