La Universidad de Harvard compareció este lunes ante un tribunal federal en un caso clave contra la administración del expresidente Donald Trump, acusándola de recortar ilegalmente 2,600 millones de dólares en fondos federales destinados a investigaciones científicas y médicas. La institución argumenta que la medida fue una represalia política, mientras el gobierno sostiene que actuó dentro de su autoridad para hacer cumplir políticas contra el antisemitismo.

El caso, que se dirime ante la jueza Allison Burroughs, se centra en las sanciones impuestas a Harvard, a la que la administración Trump ha señalado como foco de liberalismo y antisemitismo tolerado en el campus. En la audiencia, el abogado de Harvard, Steven Lehotsky, sostuvo que el gobierno intentó intervenir en el “funcionamiento interno” de la universidad, y advirtió que los recortes amenazan con cerrar laboratorios, interrumpir carreras científicas y perder avances en áreas clave, como el cáncer o la seguridad nacional.

Una batalla con implicaciones más allá de Harvard

El gobierno, por su parte, defendió su decisión a través del abogado Michael Velchik, quien aseguró que la Casa Blanca tiene la autoridad de cancelar subvenciones si considera que las instituciones no cumplen con las directrices presidenciales. Velchik negó que se trate de una campaña contra Harvard, y dijo que los recortes responden a su presunta falta de acciones contundentes contra el antisemitismo.

“El gobierno está a favor de los estudiantes y profesores judíos de Harvard”, afirmó Velchik. Sin embargo, la jueza Burroughs cuestionó la legalidad del procedimiento, indicando que el gobierno no ofreció evidencias claras ni protocolos que sustenten sus decisiones. “No creo que se pueda justificar una acción contractual basada en la supresión inadmisible de la libertad de expresión”, declaró.

Acusaciones de represalia

La disputa se intensificó luego de que Harvard rechazara una carta del 11 de abril enviada por un grupo de trabajo federal, en la que se exigían cambios radicales en la vida académica y administrativa del campus. Entre otras medidas, se proponía auditar ideológicamente a estudiantes y profesores, y modificar el proceso de admisión para incluir mayor diversidad de puntos de vista.

Horas después del rechazo, la administración Trump congeló 2,200 millones de dólares en subvenciones, y posteriormente canceló contratos existentes. La secretaria de Educación, Linda McMahon, anunció en mayo que Harvard ya no sería elegible para nuevas subvenciones. La universidad comenzó a autofinanciar parte de sus investigaciones, pero advirtió que no puede sostener ese ritmo indefinidamente.

Riesgo de una “sentencia de muerte” financiera

La presión del gobierno alcanzó otro nivel el mes pasado, cuando se emitió un hallazgo formal de que Harvard tolera el antisemitismo, lo que podría derivar en la pérdida total de su financiamiento federal, incluidos préstamos y becas para estudiantes. Esta medida es conocida como una “sentencia de muerte” institucional.

Harvard sostiene que ha implementado medidas para combatir el antisemitismo, pero advirtió que ningún gobierno debería tener la potestad de definir qué se enseña, a quién se contrata o qué se investiga en una universidad privada. En sus alegatos, también señala que el gobierno no ha explicado cómo suspender investigaciones sobre cáncer o veteranos ayuda a combatir el antisemitismo.

El caso, que ha despertado atención en todo el sistema de educación superior, podría sentar un precedente clave sobre la autonomía universitaria, los límites del poder ejecutivo y el uso político de los fondos públicos.

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