La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos en respuesta a la revocación de su autorización para matricular estudiantes extranjeros, una decisión que la institución calificó de represalia política y amenaza directa a su autonomía académica.

Según documentos presentados ante un tribunal federal de Massachusetts, la universidad argumenta que la medida constituye “un acto de represalia por ejercer sus derechos protegidos por la Primera Enmienda”, al rechazar lo que considera intentos del gobierno federal de intervenir en su administración, currículum y orientación ideológica.

La acción judicial se produjo un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, retirara la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) a Harvard. Esta certificación es esencial para que instituciones educativas estadounidenses puedan acoger a estudiantes internacionales bajo visas de no inmigrante tipo F o J. La revocación afecta directamente al año académico 2025-2026.

El presidente de Harvard, Alan Garber, denunció públicamente la medida como “ilegal e injustificada”, subrayando que pone en riesgo el futuro académico y profesional de miles de estudiantes y académicos internacionales. Harvard estima que más de una cuarta parte de su alumnado proviene del extranjero.

Garber anunció además que, junto con la demanda, la universidad solicitará una orden de restricción temporal para frenar la aplicación inmediata de la decisión gubernamental.

Por su parte, la administración Trump justificó la medida señalando supuestos vínculos de Harvard con el Partido Comunista Chino y acusaciones de antisemitismo en el campus. La secretaria Noem declaró que la universidad debe rendir cuentas por “fomentar la violencia y coordinarse con intereses extranjeros”.

Desde China, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, criticó la decisión del gobierno estadounidense, calificándola como un acto de politización de la cooperación educativa. Pekín advirtió que esta medida podría afectar negativamente la imagen internacional de Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la propia universidad, los estudiantes chinos representan más del 20% de su alumnado internacional.

Mientras tanto, la comunidad universitaria ha manifestado su preocupación. Karl Molden, estudiante de literatura clásica y ciudadano austriaco, expresó su temor ante el incierto panorama, afirmando haber iniciado los trámites para trasladarse a la Universidad de Oxford. “Es una situación triste y alarmante”, dijo.

Líderes de la Asociación de Profesores Universitarios de Harvard consideraron esta acción como una continuación de lo que describen como “medidas autoritarias” contra instituciones académicas que no se alinean con la actual administración.

Un juez federal ordenó el jueves la suspensión temporal a nivel nacional de cualquier revocación de estatus legal para estudiantes internacionales, aunque aún no se ha determinado si esta decisión beneficiará directamente a los estudiantes afectados en Harvard.

El caso añade un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre la administración Trump y una de las universidades más prestigiosas del país, que cuenta entre sus exalumnos a 162 premios Nobel. La posible pérdida de una parte significativa de su estudiantado internacional también implicaría un golpe económico, dado el alto costo de la matrícula que pagan estos estudiantes.

La resolución judicial del caso podría tener implicaciones de gran alcance para otras instituciones académicas en EE.UU. que acogen a miles de estudiantes internacionales cada año.

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