Un juez federal en California emitió una orden que impide temporalmente a las autoridades migratorias revocar el estatus legal de estudiantes internacionales en Estados Unidos, en respuesta a un caso judicial en curso que cuestiona decisiones previas del gobierno federal en esta materia.

La decisión del juez Jeffrey S. White, con sede en Oakland, prohíbe al gobierno federal tomar medidas punitivas contra los demandantes y otros estudiantes en circunstancias similares mientras se resuelve el litigio. Esto incluye arrestos o detenciones migratorias, traslados fuera de sus jurisdicciones de residencia y cualquier acción que afecte negativamente su situación migratoria. No obstante, la orden no protege a quienes enfrenten cargos por delitos violentos.

En su resolución, el juez White advirtió que las acciones gubernamentales han tenido consecuencias perjudiciales para los estudiantes afectados, al señalar que han provocado "estragos" tanto en los demandantes como en otros no inmigrantes con visa F-1 en situaciones comparables.

La medida judicial llega en medio de una creciente disputa entre la administración del expresidente Donald Trump y la Universidad de Harvard. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la revocación de la capacidad de la universidad para inscribir estudiantes internacionales, alegando —sin presentar pruebas— que el campus se ha convertido en un entorno “inseguro” por permitir actos de antisemitismo y supuestos vínculos con el Partido Comunista chino.

Como consecuencia de esta decisión, los estudiantes internacionales actualmente matriculados en Harvard, cerca de 6,800 provenientes de más de 100 países, se verían obligados a transferirse a otras instituciones o abandonar el país para no perder su estatus legal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que la medida busca responsabilizar a la universidad por presuntamente fomentar conductas violentas y permitir la difusión de discursos extremistas, aunque no se han presentado evidencias concretas que sustenten estas acusaciones.

Por ahora, la orden judicial impide que estas acciones tengan efecto inmediato sobre los estudiantes internacionales afectados, al menos hasta que se resuelva el caso principal en tribunales.

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