La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, manifestó su rechazo a los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para convertir un almacén en Roxbury Township en un centro de detención migratoria con capacidad para 1,500 personas.

El proyecto contempla la adecuación de un inmueble de 470,000 pies cuadrados, un espacio que —según críticos— equivale a más de ocho campos de fútbol y se ubica en una zona residencial. La instalación ya habría sido adquirida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dependencia de la que forma parte ICE.

Sherrill expresó preocupaciones relacionadas con la infraestructura local, la seguridad pública y el impacto ambiental, además de advertir sobre el bienestar y los derechos de las personas que eventualmente serían detenidas en el sitio. En una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, la mandataria estatal señaló que la dependencia federal no ha sido suficientemente transparente respecto a los alcances del proyecto.

Tensión legal y política

El conflicto escaló esta semana luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentara una demanda contra el estado de Nueva Jersey y contra Sherrill por la Orden Ejecutiva N.º 12, firmada el 11 de febrero, al considerar que interfiere con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

La fiscal general Pamela Bondi sostuvo en un comunicado que los estados no pueden obstaculizar los esfuerzos federales para detener y deportar a inmigrantes indocumentados, y advirtió que las llamadas políticas de santuario “no se mantendrán”.

Por su parte, la gobernadora ha defendido su orden ejecutiva como una medida para evitar que las fuerzas del orden estatales se conviertan, en sus palabras, en instrumentos de operativos federales. La directriz prohíbe el uso de infraestructura estatal —carreteras, parques o edificios públicos— para acciones federales de inmigración civil.

Además, Sherrill alentó a los residentes a documentar operativos migratorios y habilitó un portal para subir videos de interacciones con agentes federales, acción que también fue mencionada en la demanda del DOJ.

Reacción comunitaria

El anuncio del centro de detención ha provocado protestas y reuniones comunitarias en Roxbury Township, donde cientos de residentes han manifestado su oposición. Algunos participantes han señalado que el debate trasciende el estatus migratorio y se centra en consideraciones humanitarias y comunitarias.

El senador demócrata Andy Kim ha visitado el sitio y se ha reunido con autoridades locales para expresar inquietudes sobre el tamaño y la ubicación del proyecto. De acuerdo con sus declaraciones públicas, incluso en una localidad con liderazgo republicano existen resistencias a la instalación del centro.

La controversia se produce en un contexto de creciente tensión nacional sobre la política migratoria y tras incidentes recientes vinculados a operativos federales en el estado, incluido un choque múltiple ocurrido en Newark durante una persecución de agentes federales.

Mientras el gobierno estatal anuncia que utilizará “todos los recursos disponibles” para proteger a la comunidad, el litigio entre Nueva Jersey y el gobierno federal anticipa una disputa jurídica que podría sentar precedentes sobre los límites de la cooperación estatal en materia migratoria.

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