Gregorio Córdova Murrieta, originario de Teziutlán, Puebla, fue arrestado en junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de reingreso ilegal. El caso cobró notoriedad porque, según documentos judiciales, las autoridades usaron información de remesas enviadas a México, vinculando al migrante con direcciones específicas en Hawái durante varios años.

Una empresa de transferencias identificó al hombre en 11 ocasiones entre 2021 y mayo de 2024, cuando utilizó pasaporte mexicano y proporcionó domicilio ubicado en Honolulú. El 15 de junio, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional vigilaron la vivienda de Aiea, confirmando la identidad de Córdova antes de ejecutar su detención oficial.

Testimonio de la prometida y defensa legal

Grace Pérez Parra, prometida del mexicano, relató que él pidió calma antes de ser esposado: “Me besó y se lo llevaron”, narró entre lágrimas. Pérez explicó que Córdova enviaba dinero principalmente a sus cinco hijos, aunque actualmente gran parte de sus remesas eran destinadas a apoyar a sus padres ancianos enfermos.

Lo describió como un hombre trabajador, sincero y respetuoso, que pagaba sus impuestos cada año y nunca enfrentó problemas legales distintos al reingreso ilegal. Su abogada defensora, Jacquelyn Esser, confirmó que Córdova no posee antecedentes penales, excepto por el cargo actual, destacando que siempre mantuvo un historial limpio en Estados Unidos.

En la primera audiencia, el migrante cambió su declaración a culpable, con la intención de agilizar su proceso para regresar a México y ver a su familia.

Debate por uso de información de remesas

Expertos legales señalaron que este caso representa el primero conocido en el cual ICE utiliza datos de envíos de dinero para investigar un delito migratorio. El medio Civil Beat reveló que el acceso a los registros probablemente ocurrió a través de la base de datos del Centro de Análisis de Registros de Transacciones.

Dicha herramienta fue diseñada inicialmente para combatir delitos como lavado de dinero y narcotráfico, no específicamente para casos de entrada o reingreso ilegal de migrantes. El abogado Daniel Werner, de Just Futures Law, criticó el uso de esa información, argumentando que sienta un precedente peligroso en la aplicación de políticas migratorias.

La sentencia de Gregorio Córdova Murrieta será dictada el próximo 9 de septiembre, fecha clave que definirá su regreso a México tras más de dos décadas.

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