Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes han decidido tomar una acción legal sin precedentes contra el gobierno del presidente Donald Trump. La noche del viernes, presentaron una demanda para intentar restablecer los programas de permisos de permanencia temporal humanitaria, los cuales fueron eliminados por la actual administración.

Estos programas habían permitido la entrada de 875 mil migrantes de países como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes fueron patrocinados por residentes legales en Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de Trump de eliminar estas vías legales de ingreso ha dejado a muchos inmigrantes en una situación vulnerable y sin certeza sobre su futuro en el país.

La demanda, presentada por un grupo diverso de demandantes, incluye a ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de que el gobierno de Trump pusiera fin a estos programas. Sin embargo, a pesar de su estatus legal, el gobierno ha detenido el procesamiento de sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían permitirles quedarse en el país por más tiempo.

Entre los demandantes se encuentran Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana que ha visto su futuro en Estados Unidos amenazado; Alejandro Doe, quien huyó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre; y Omar Doe, quien trabajó durante más de 18 años con el ejército estadounidense en Afganistán. Estos inmigrantes, al igual que los demás demandantes, temen por su seguridad y la posibilidad de ser deportados si no se restablecen los programas de permisos humanitarios.

La eliminación de estas vías legales por parte de la administración Trump ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que estas medidas son injustas y discriminatorias. Se espera que esta demanda contra el gobierno tenga un impacto significativo en el debate sobre la inmigración y los derechos humanos en Estados Unidos.

El presidente Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus principales banderas, prometiendo deportar a millones de personas que se encuentran en el país sin autorización. Sin embargo, estas políticas han sido cuestionadas por su impacto en la comunidad de inmigrantes y en la cohesión social de Estados Unidos.

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